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Digitalizar la justicia: el reto que plantea LEGIS en sus 66 años

Durante la celebración de los 66 años de LEGIS, se llevó a cabo el evento #DisrupciónDigital en el que se planteó la necesidad de digitalizar la justicia en Colombia. Descubra los avances y retos que tiene el sector jurídico en el país frente a la revolución digital actual. 
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Como parte de la celebración de los 66 años de LEGIS, el pasado viernes, 7 de septiembre se llevó a cabo el evento #DisrupciónDigital, en el que se discutieron los retos y necesidades que afronta el mundo jurídico de cara a la transformación digital que ha permeado todos los ámbitos de la sociedad. De allí se desprendieron una serie de claves que serán vitales para digitalización de la justicia en Colombia.

El evento comenzó con la participación de Andrés Caldas, presidente de la junta directiva de LEGIS, quien luego de hacer un recorrido por los hitos que han marcado los 66 años de esta empresa, habló sobre el momento en el que la tecnología comenzó a volverse  imprescindible en el ámbito legal y sobre el peso que las tecnologías de la información y la comunicación tienen hoy sobre la productividad del ejercicio  del derecho.
‘Con la llegada del siglo XXI, cambió el entorno tecnológico del país. En la crisis mundial de 2008, los servicios jurídicos, en especial las firmas de abogados, que venían adaptándose a un mercado legal muy competitivo, se vieron enfrentados a exigencias mucho mayores. La primera y más importante, relacionada con el precio de sus servicios. En ese entorno, la combinación de la innovación, la tecnología y el derecho cada vez es más importante. Hoy en día, sin tecnología de punta es imposible lograr la eficiencia que nos haga competitivos en el mercado’, afirmó Caldas.
‘La revolución digital llegó para acompañarnos en todos los espacios’: Alfonso Gómez Palacio.

Uno de los conferencistas invitados al evento fue Alfonso Gómez Palacio, Director de la Región Hispam Norte en Telefónica, quien habló sobre las tecnologías que ya permean el ámbito jurídico mundial y que tienen el potencial de convertir a la justicia en un sector mucho más productivo.

‘La revolución digital llegó para acompañarnos en todos los espacios’ afirmó Gómez, quien añadió que al respecto de la revolución tecnológica que está en curso, ‘Hay una sensación de que esto es algo muy importante que le va a pasar a otra generación. Pero estos cambios tienen que introducirse desde ya. Si los ciudadanos de a pie son capaces de adoptar las tecnologías de la información ¿Por qué la rama judicial no lo va a poder hacer?’

Gómez Palacio se refirió a herramientas que ya se encuentran disponibles  en otros países y que podrían cambiar para siempre el dicho que reza que la justicia “cojea pero llega”. Su primer ejemplo fue el uso de sistemas de reconocimiento de voz para la desgrabación de audiencias, con las que se registran audiencias enteras. Un segundo ejemplo es el uso de biometría en las audiencias para mitigar la suplantación de testigos o actores del sector judicial. 
Gómez Palacio también se refirió a las audiencias virtuales como un método para acortar distancias entre los actores del mundo jurídico y al uso de los expedientes digitales, usando a Turquía como ejemplo: “Turquía que ha logrado un expediente realmente digital, en el que todos los actores intervienen mediante interacciones digitales”, afirmó Alfonso.
Asimismo, el conferencista habló de los contratos digitales a través de los cuales se  puede brindar a la sociedad la oportunidad de acceder a contratos con ajustes virtuales y cláusulas personalizadas. 

Según Gómez, el uso de estas y otras herramientas digitales ya cuenta con un marco jurídico en Colombia, sustentado por la Ley 1437 de 2011 y la Ley estatutaria 1755 de 2015. En ese orden de ideas, la implementación tiene un sustento sobre el cuál proceder.

En palabras del conferencista , para la puesta en marcha  y el éxito de estas nuevas tecnologías, es necesario asumir algunos retos en Colombia. Entre ellos, se cuentan la conectividad, la gestión documental digital, la digitalización de procesos judiciales, la aplicación de tecnologías emergentes, la alfabetización de la rama judicial en materia digital y la modernización de los marcos legales.  
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